La proliferación de los drones en las ciudades es cada vez mayor y Donostia no es una excepción. El pasado año, de hecho, la Guardia Municipal interceptó diez actividades no comunicadas que fueron propuestas para sanción y gestionó otras 46 peticiones de permiso de vuelo tanto para actividades privadas como profesionales. "Estamos ante un problema que ha venido para quedarse y al que queremos poner coto", ha asegurado este jueves el concejal de Seguridad, Bomberos y Protección Civil, Martin Ibabe, en una rueda de prensa en la que ha recordado una serie de requisitos que hay que cumplir para hacer volar un aparato de este tipo.
"Existe una regulación general a nivel estatal y autonómico, pero hay un desconocimiento de la misma, por lo que hay que recordarlo", ha señalado Ibabe, sobre un asunto que tiene una "notable presencia" en la capital guipuzcoana. En 2023, el Ayuntamiento concedió un total de 46 permisos de vuelo. Además, la Guardia Municipal interceptó otros diez drones que volaban sin su permiso correspondiente. Una cifra que, tal y como ha indicado el concejal de Seguridad, seguramente sea mayor: "Nos consta por llamadas que hemos recibido que ha habido más, pero no es algo fácil de interceptar".
Según ha recordado, para poder volar un dron en Donostia, tanto si es para hacerlo de forma recreativa como profesional, es necesario contar obtener una autorización y cumplir una serie de requisitos. Tal y como se especifica en la normativa del 31 de diciembre de 2020, la persona que utiliza un aparato de este tipo debe estar registrada como operadora en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), contar con una formación previa y un seguro obligatorio de responsabilidad civil, así como seguir las reglas establecidas de vuelo y distancias.
A ello hay que sumar que Donostia está considerada como una zona de influencia aeroportuaria, por lo que es necesario contar también con un documento de coordinación con el gestor de navegación aérea ENAIRE, comunicar el vuelo a la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco, obtener el permiso municipal a través de la Unidad de Uso del Espacio Público y coordinarse con la Guardia Municipal para hacer un seguimiento de las condiciones de vuelo.
Todas estas medidas de seguridad también deben de ser cumplidas por los drones de menos de 250 gramos, los más habituales en la ciudad. Además de tener las mismas especificaciones de comunicación y coordinación, estos aparatos no pueden superar los 120 metros de altura ni los 50 metros de distancia horizontal y no pueden volar sobre la gente. Asimismo, si el aparato porta alguna cámara, algo común en este tipo de drones, hay que cumplir en todo momento la Ley de Protección de Datos y el Derecho al Honor e Intimidad de las personas.
Sanciones de hasta 225.000 euros
Aunque la Guardia Municipal es la encargada de detectar las actividades no comunicadas, está no se encarga de las sanciones, por lo que debe remitir los expedientes propuestos para sanción a AESA, quien debe decidir si la falta conlleva multa o no. En caso de que el uso del dron se haya hecho de forma privada, las sanciones pueden ir desde los 60 euros hasta los 225.000 euros, mientras que en caso de utilizarlo para obtener imágenes para uso profesional, las multas son de los 4.500 euros a cifras mucho más elevadas de los 225.000 euros.
"Nosotros lo que queremos es no poner multas y, para ello, hay que cumplir las normas", ha añadido Ibabe, al tiempo que ha recordado que el objetivo del Consistorio es "poner coto a una actividad que tiene sus riesgos". "Esperemos no seguir interceptando vuelos no comunicados. Desde el Ayuntamiento llevaremos un estrecho seguimiento para ello", ha concluido.
