Con ocasión del 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud de los trabajadores, quiero insistir ante los intentos de ocultar y silenciar que, como señalan las instituciones europeas, el cáncer de origen laboral es la principal causa de muerte, representando el 52% de las muertes por el trabajo; es decir, multiplica por 10 o 15 las muertes e incapacidades causadas por accidentes de trabajo. Es evidente que las muertes no son instantáneas, ni visibles como los siniestros. La exposición a sustancias cancerígenas en el ámbito laboral conlleva la condena a una muerte prematura, en tanto, el cáncer aparece años más tarde de la exposición y genera mayor sufrimiento y perdidas de días de trabajo. Trataré de demostrar como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las empresas, Osakidetza u otras instituciones autonómicas están empeñadas en frenar las crecientes cifras de cáncer profesional en la CAV.

Que el CEPROSS haya registrado durante los años 2022 y 2023 en torno al 50% del cáncer profesional reconocido en el Reino de España, ha puesto nervioso a más de uno, obligándoles a multiplicar sus esfuerzos para frenar dicho crecimiento, utilizando sin complejos, el incumplimiento de la legislación y de los compromisos éticos.

Relato algunos hechos que ayudan a extraer concusiones. Podrían ser más, pero el espacio no me lo permite:

  1. Que el INSS de Álava rechace el origen profesional de mesoteliomas pleurales (enfermedad profesional reconocida desde 1978, cuya única causa deriva de la inhalación de fibras de amianto) a quienes han trabajado en tareas de mantenimiento eléctrico de las calderas de calefacción en instalaciones municipales o controlando temperaturas en los Hornos de Aceros de Llodio, pese a que habían sido incluidos por Osalan en el Listado de Trabajadores expuestos al Amianto, tratando de que desistan u obligarles a recurrir a la vía judicial, es a mi entender, además de inhumana infractora de la ley.
  2. Tras fallecer el fontanero Joaquín A.O, afectado de mesotelioma pleural, no existe constancia de que Osakidetza comunicase sospecha; incluso el INSS de Gipuzkoa, al conceder la pensión de viudedad, ignora la profesión del fallecido, dado que el mesotelioma y la profesión apuntaba a una enfermedad profesional, incluso incumpliendo el Convenio de Colaboración firmado por la dirección del INSS, Osalan y Osakidetza para las enfermedades del amianto.
  3. Que el INSS de Gipuzkoa mantenga sin respuesta, desde el 20 de febrero de 2023, es decir durante 14 meses, la solicitud de incapacidad permanente de Claudio B.J., al que le diagnosticaron primero un adenocarcinoma pulmonar y más tarde, un cáncer de próstata, pese a existir desde la pasada primavera, el equipo de valoración del INSS, propuso concederle una incapacidad absoluta por enfermedad profesional. Claudio trabajó desde 1975 hasta su jubilación en 2008, en Fundiciones Gelma de Arrasate, expuesto a fibras de amianto, sílice y humos metálicos, incluido de cadmio, mientras la empresa incumplía las medidas de seguridad que la legislación exigía. Están esperando a que fallezca, antes que emitir la resolución, como ya sucedió con Guillermo Barbero, mecánico de Atusa, obstaculizando así, la reclamación de daños o que está sea inferior, una vez fallecido.
  4. Hay que señalar que Claudio reclamó a la oncóloga de la sanidad pública alavesa que le trataba, que en base al artículo 5 del Real Decreto 1299/2006, “comunicase a Osalan sospecha del origen laboral de la enfermedad”. La doctora, con la que tuve conversación telefónica, se negó rotundamente a cumplir con la obligación, que le señala el R.D., afirmando que el cáncer que padecía Claudio no derivaba del amianto, pues no se trataba de un mesotelioma. Como si el mesotelioma fuera el único cáncer causado por el amianto, o que, el amianto fuera la única sustancia cancerígena presente en la fundición. Más tarde, han aparecido más enfermos, a causa del trabajo en Gelma.

Tras el diagnóstico del cáncer de próstata, los profesionales de Osakidetza ignoraron las directrices para la decisión clínica de la neoplasia maligna de próstata DDC-CAN-05, enfermedad relacionada con los humos de cadmio que se forman en los hornos de fundición (puesto que ocupaba Claudio) o en los humos de soldadura y oxicorte, profesiones con riesgo de padecer adenocarcinoma de próstata. Como entender que Osakidetza no cuestione el origen profesional de ninguno de los más de 1.700 cánceres de próstata que anualmente diagnostican, o que el INSS no reconozca un solo caso con dicha patología, pese al importante número de trabajadores expuestos a humos de soldadura, oxicorte y fundición de metales en la industria vasca.

Resulta evidente que si no se reconoce el cáncer profesional, ni otras enfermedades, no se impulsará su prevención en la empresa, en consecuencia, otros trabajadores enfermaran, por similar causa en el puesto de trabajo.

La defensa de la salud laboral tiene que convertirse en un objetivo estratégico de las organizaciones sindicales, incluso, como la mejor herramienta para el fortalecimiento sindical y mejora de las condiciones de trabajo.

Difundir y explicar a los trabajadores el contenido de las Directrices para la decisión clínica de enfermedades profesionales debe convertirse en respuesta a tanta ocultación de enfermedades profesionales, sin la frustración que se genera, esperando que sean otros agentes quienes nos resuelvan los problemas de salud generados por el trabajo con riesgo, implicando así a los trabajadores y trabajadoras, como protagonistas en la lucha por la salud y contra la ocultación del origen de los daños a la salud y tanto fraude, por parte de otros agentes implicados.

Activista por la salud laboral y miembro de ASVIAMIE