Las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia han recibido con una cauta alegría la noticia sobre el plan del Gobierno español para indemnizar y atender a las personas cuyos casos hayan prescrito. El Consejo de Ministros aprobó un documento con el que da respuesta al informe del Defensor del Pueblo que calculó que el 1,13% de la población ha sufrido abusos en ámbitos relacionados con la Iglesia (unas 450.000 potenciales víctimas) y proponía que se creara un fondo para compensarlas económicamente.
Además, el documento contempla cinco líneas de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar; e informar e investigar. Es por ello que aunque las víctimas han mostrado su satisfacción ante la medida anunciada, señalan la reticencia de la Iglesia a hacerse cargo de las compensaciones económicas.
¿Por qué? Porque horas después de hacerse público el borrador del plan, la Iglesia mostró públicamente su rechazo a que tan solo se señalaran las víctimas de casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia. Es decir, la Conferencia Episcopal se niega a colaborar si los resarcimientos no incluyen a todos los afectados, no solo a los de ámbito religioso. Replica al plan del Ejecutivo que “parte de un juicio condenatorio sin ningún tipo de garantía jurídica” y supone “un señalamiento público” del Estado.
“No nos parece bien que los ciudadanos tengan que responder a través de sus impuestos a delitos que causó la Iglesia"
Marcos Leyún, presidente de AVIPIREN, Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra, admite que los pasos dados por el Gobierno español son “un avance, un objetivo importante”. Sin embargo, se muestra crítico con la actitud de la Iglesia, que asegura “concibe este problema como un pecado más que como un delito”. Delitos que además la Iglesia ha tratado de “encubrir y ocultar”, según denuncia Leyún. En este sentido hace alusión a las declaraciones de la Conferencia Episcopal Española: “Ahora dicen que o el Estado paga a toda las víctimas de pederastia, o ellos no asumen responsabilidad de los suyos. Es una barbaridad. Es como si un condenado por asesinato dice: no a mí no me pueden condenar hasta que no condenen a todos los asesinos”, critica Leyún.
Asimismo, se opone ante la posibilidad de que sea el Estado quien se haga cargo de las cuantías económicas para las víctimas. Ya que Leyún insiste en que “no estamos de acuerdo con que el Estado y Comunidades autónomas sean responsables civiles subsidiarias de una entidad que tiene mucho dinero, mucho. Pero que le duele mucho rascarse el bolsillo”.
Es por eso que subraya que no ven con buenos ojos que sea la ciudadanía quien tenga que responder “a través de sus impuestos” a los delitos “que causó la Iglesia”. “Si la Iglesia se niega a pagar, el Estado tiene mecanismos para cobrarle, obligarle a hacerlo. El Estado lo podría adelantar, sí, pero no que sustituya su responsabilidad”.
"La Iglesia es una entidad que tiene mucho dinero, mucho. Pero le cuesta rascarse el bolsillo”
El portavoz de la asociación Infancia Robada Juan Cuatrecasas por su parte insiste en que “lo ideal y lógico es que se ocupe la Iglesia”. De hecho, explica que “en la reunión con la Conferencia Episcopal nos dijeron hace escasos días que atenderán estos casos; no dijeron lo mismo a puerta cerrada que públicamente”.
Responsable civil
Insiste Cuatrecasas en que es la Iglesia quien se tiene que hacer cargo, “no seguir echando balones fuera, porque están haciendo el ridículo”. Sin embargo, sostiene que en caso contrario, “porque tengo serias dudas de que lo haga”, lo que predomina son los intereses de las víctimas, atenderlas, por lo que “de las no se ocupe la Iglesia creemos el Estado debería actuar como responsable civil subsidiario, sí”.
"Mientras debatamos quién debe indemnizar, se deja correr una hemorragia que nadie está parando"
El motivo de esta postura es claro, según el portavoz de Infancia Robada: “En este país, para lo bueno y malo hay unos concordatos Iglesia-Estado. Entre el Vaticano y España. Y si la Iglesia finalmente decide no indemnizar, reparar a sus víctimas, hay que abrir la puerta a que sea el Estado”.
Así, exclama que “no entiende” las críticas al respecto. “Hay gente que dice que no se puede indemnizar a las víctimas con los impuestos de todos”. Y es que recuerda que en muchos otros ámbitos el Estado ha indemnizado: a víctimas de terrorismo, alimentarios.... “¿Qué pasa, que la sociedad es tan egoísta que con sus impuestos es incapaz de indemnizar a niños y niñas que han sufrido estos delitos en pleno proceso de forja de sus personalidades? No entiendo esa discrepancia”.
Así las cosas, insiste en la urgencia de atender a las víctimas. “Hay muchas personas en estos momentos con una edad avanzada que toman más de 20 pastillas al día, con una exclusión social terrible, y esto no es una cuestión de seguir esperando, es urgente y necesitan las medidas ya”. Por eso, “mientras debatamos quien debe indemnizar, se deja correr una hemorragia que nadie está parando, es hora de que entre todos pongamos fin a esta tragedia”, zanja Cuatrecasas.
