El Juzgado de Instrucción número 3 de Gasteiz ha acordado citar a declarar a tres presuntas víctimas de las colonias de Bernedo que aparecen identificadas en el atestado policial. Se activa de este modo la maquinaria judicial para determinar si se han vulnerado los derechos de los menores en los polémicos campamentos de verano organizados por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea.
Un paso adelante que llega un día después de que la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, reconociera que el atestado policial se había quedado "en un limbo".
De hecho, el documento policial entró en sede judicial el pasado mes de mayo pero no fue hasta ayer cuando se dio inicio a las diligencias previas. Así, el juzgado de instrucción número 3 de Gasteiz, que lleva el caso, ha pedido a la Ertzaintza que siga con la investigación para identificar a más menores afectados del udaleku alavés, que continúa en el centro de la polémica desde que las familias de los menores denunciaron que monitores se duchaban desnudos con chicos y chicas de 13 a 15 años a los que obligaban a compartir las duchas sin tener en cuenta el sexo.
Dentro de estos primeros pasos de la justicia para esclarecer lo ocurrido, el juzgado también ha acordado informar a la Diputación de Gipuzkoa de sus derechos “como persona perjudicada u ofendida”. Así lo ha determinado en la medida en que el Ejecutivo foral ha enviado estos años atrás a estos campamentos a menores que están bajo su tutela, algo que no ha hecho durante este último verano tras tener constancia de posibles prácticas irregulares, a raíz de una denuncia interpuesta el año pasado.
Según fuentes judiciales, el juzgado también ha acordado dar traslado del caso al Ministerio Fiscal para que informe si ejercita las acciones penales que considere pertinentes.
Cuatro denuncias ante la Ertzaintza
Según se ha conocido esta semana, son al menos cuatro denuncias contra la libertad sexual las que tiene registradas la Ertzaintza por hechos supuestamente sucedidos en estas colonias de la localidad de Araba, la primera de las cuales se presentó en agosto y el resto la semana pasada.
La primera se interpuso el 25 de agosto por hechos supuestamente ocurridos en 2021 y 2022 en los campamentos de Abaigar y en 2023 y 2024 en Bernedo. El viernes pasado se registraron otras tres en las comisarias de Deba-Urola, Llodio y Vitoria. Todas ellas por hechos contra la libertad sexual cometidos supuestamente en el campamento alavés.
Aunque el juzgado arrancó el lunes las diligencias previas, la Ertzaintza inició una investigación sobre lo ocurrido en Bernedo a principios de año tras tener conocimiento a finales de 2024 de que podía haber ocurrido algo irregular "tras una conversación con las personas implicadas".
Así, el 30 de abril remitió al juzgado toda la información recabada y el martes de la semana pasada volvió a hacerlo tras comprobar que el juzgado no había otorgado diligencias previas.
A este respecto, fuentes del Gobierno Vasco han señalado este martes que la Ertzaintza "procedió como debía proceder" y entienden que es a partir de ahora la Justicia la que "deberá analizar el fondo del asunto y establecer un criterio". La portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena, ha pedido respeto, que se deje actuar a la Justicia y que se tenga en cuenta también la presunción de inocencia.
Mendoza pide que se aclare "cuanto antes"
La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha pedido que se aclare “cuanto antes” lo sucedido en los campamentos de verano, tanto los hechos como el recorrido tras la presentación de las denuncias, “sin señalamiento, pero con responsabilidad”.
Mendoza se ha pronunciado de este modo en su intervención en el Pleno de Política General que, se celebra este martes en las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde se ha referido a la “preocupación” que se ha generado en torno a las colonias de verano de Bernedo tras las denuncias contra la libertad sexual presentadas.
“Estamos hablando de menores, y para protegerlos la Diputación Foral de Gipuzkoa no puede dar detalles”, ha señalado la diputada general. Además,ha mostrado su “cercanía” a las familias que “han podido sentir en peligro el bienestar de sus hijos e hijas” y ha expresado el “compromiso” de la Diputación Foral con “su bienestar” que “siempre debe ser la prioridad. Siempre”.
