Las instituciones vascas continúan reaccionado tras sacudirse el impacto provocado por la polvareda mediática que se ha levantado en torno al campamento de Bernedo donde doce familias han denunciado que el monitorado se duchaba sin ropa junto a los menores –de 13 y 15 años– a los que habrían obligado a compartir duchas mixtas. Este martes ha sido el turno del diputado general de Araba Ramiro González quien ha anunciado que la responsable foral de Cultura y Deporte Ana del Val comparecerá el jueves ante las Juntas Generales para "dar explicaciones" con "transparencia sobre el papel que ha tenido la Diputación foral de Álava en este asunto".

Preguntado por la polémica sobre los presuntos hechos cometidos contra la libertad sexual de los menores en este espacio de ocio juvenil autogestionado y feminista, González ha reclamado "mejorar la coordinación entre instituciones y realizar el desarrollo normativo necesario para que situaciones" como las sucedidas durante los udalekus en la localidad alavesa "no vuelvan a producirse, en la medida de lo posible".

Tras señalar que en los campamentos organizados por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea "estaban pasando cosas que no tendrían que haber ocurrido", González ha evitado "polemizar entre instituciones" sobre el reparto de posibles responsabilidades ya que, desde su punto de vista, "no se trata de que cada institución diga hasta dónde llega su ámbito de competencia y hasta dónde cree que llega el ámbito de competencia de otras instituciones, sino de poner todo lo necesario de nuestra parte para mejorar la coordinación".

En este sentido, el diputado general de Araba ha reiterado que "no se trata de polemizar, la voluntad de todos es la de abordar los cambios necesarios para implementar mejoras en la normativa y mejorar la coordinación, y lo vamos a hacer a través de la mesa de trabajo constituida por la propia consejera, Nerea Melgosa". González se ha referido así a la mesa de coordinación que han activado el Gobierno vasco y las tres diputaciones para estudiar los "posibles errores del sistema" de las escuelas de tiempo libre y hacer una nueva normativa que garantice la seguridad y los derechos de los y las menores. 

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico Nerea Melgosa desveló el lunes en una comparecencia de urgencia, que la asociación responsable del udaleku "no había comunicado su actividad a la Diputación foral" incumpliendo así el decreto foral 170/85 que regula el régimen de colonias y campamentos, así como la Ley de Juventud, "poniendo en peligro su propia actividad de tiempo libre". Melgosa aseguró que el Ejecutivo vasco desconoce cuántos años llevaban celebrándose estos udalekus sin licencia. También aclaró que en el registro vasco no hay ninguna queja ni irregularidad al respecto presentada por las diputaciones forales.

En la vía judicial que corre en paralelo a la administrativa, el Juzgado de Instrucción número 3 de Gasteiz ha abierto diligencias previas y citado a tres víctimas que aparecen identificadas en el atestado policial para declarar "como testigos-víctimas" y ha oficiado a la Ertzaintza como instructora del atestado para que identifique a más menores afectados. En este sentido, el diputado general ha manifestado que las colonias "no tenían que haberse producido de esa manera" a tenor de lo que se ha conocido hasta ahora y porque "hay doce denuncias de padres y madres que consideran que hay cosas que ocurrieron en sus campamentos que pueden ser delito".

Mesa técnica

Por otro lado, la próxima semana se convocará una reunión "técnica" entre el Gobierno vasco y las tres diputaciones para entender lo que ha fallado. El siguiente paso será la actualización de la normativa que rige los clubs de tiempo libre, aunque Melgosa advirtió de que "llevará tiempo" porque hay muchos aspectos que abordar. No obstante, el Gobierno vasco trabajaba desde hace un año en esta revisión, antes de que prendiese la polémica de Bernedo, porque el reglamento vigente se ha quedado desfasado y no está adaptado tampoco a la nueva Ley vasca de Juventud. Uno de los aspectos que se prevén cambiar será la formación y titulación que deberán acreditar los monitores de tiempo libre para que haya una "mayor certificación que la que dan las escuelas de tiempo libre" actualmente. 

Y mientras la justicia y las instituciones vascas con competencia en materia de tiempo libre se han puesto las pilas para esclarecer la realidad sobre unos hechos denunciados a finales de 2024 y conocidos ahora a través de los medios de comunicación, un total de 137 familias de los niños y niñas que han participado en el campamento organizado por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea han defendido públicamente en una carta el modelo de este espacio y han denunciado el "acoso" al que está siendo sometida la organización a través de las "magnificación" y la "criminalización" de la realidad. La misiva de estas familias, remitida a Euskadi Irratia, se conoció un día después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Gasteiz citase a declarar a tres menores "víctimas" de los "hechos" contra la libertad sexual supuestamente ocurridos en esta campamento.